La defensa de Alicia “N” solicitó revisar la medida cautelar, pero un juez determinó mantenerla vigente mientras continúa el proceso por usurpación de funciones y lesiones dolosas
El fiscal general del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó que la enfermera Alicia “N”, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta intervención en la amputación de un paciente, continuará en prisión preventiva justificada luego de que su defensa solicitara una revisión de la medida cautelar.
El funcionario explicó que, hasta el momento, no cambiaron las condiciones que dieron origen a la medida, por lo que la imputada permanecerá privada de su libertad mientras avanza la investigación.
“Ya se definió que por el momento no habían variado las condiciones y se mantenía en este caso la determinación de la prisión preventiva justificada”, señaló el fiscal.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en mayo de este año, en un inmueble acondicionado como consultorio en la colonia Santa María Magdalena, donde la víctima acudió para recibir atención por una lesión.
La acusación establece que Alicia “N” habría realizado curaciones sin contar con los protocolos y la autorización profesional necesarios y posteriormente habría intervenido quirúrgicamente al paciente, derivando en la amputación del primer dedo del pie izquierdo y posteriormente en afectaciones que llevaron a una amputación de la pierna.
Hernández destacó que la investigación no se sustentó únicamente en los criterios de la Fiscalía, sino también en pronunciamientos de autoridades estatales y federales encargadas de regular y supervisar las actividades del personal de enfermería.
“Una persona con estudios de enfermería no se encuentra capacitado y autorizado para llevar a cabo una intervención consistente en una amputación”, puntualizó.
El fiscal señaló que existen perfiles académicos y requisitos profesionales establecidos para quienes pueden realizar intervenciones quirúrgicas, operaciones o amputaciones, por lo que será la autoridad judicial la que determine las responsabilidades correspondientes conforme avance el proceso.
Respecto a la posibilidad de conocer una eventual sentencia y la pena que podría enfrentar la imputada, el fiscal evitó adelantar escenarios y señaló que primero deberá desarrollarse el proceso judicial.
“Lo que nos interesa es, en todo caso, que se verifiquen las condiciones del hecho y que sea la autoridad judicial la que defina la situación jurídica”, afirmó.
Alicia “N” enfrenta actualmente un proceso por usurpación de funciones y lesiones dolosas, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se brindó la atención médica y determinar las responsabilidades legales correspondientes.