El Tribunal Superior de Justicia trabaja en los lineamientos locales mientras espera la normativa nacional para implementar el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Querétaro, Qro. – A pesar de que desde septiembre de 2024 se cuenta con la plataforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), en cumplimiento de la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el estado de Querétaro aún no ha comenzado a registrar a los deudores alimentarios morosos.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Braulio Guerra Urbiola, informó que esta situación se debe a la espera de los lineamientos nacionales, necesarios para operar formalmente el registro. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura trabaja en la construcción de los lineamientos locales para atender esta importante problemática social.
“Todavía no tenemos los lineamientos nacionales, habíamos estado esperando a que nos los emitieran. Entre tanto, vamos a desarrollar los nuestros porque es un tema muy sensible. La pensión alimenticia, el cuidado de niños y niñas que están esperando que sus padres cumplan con sus obligaciones, es una de las agendas más importantes que podemos tener en el tribunal”, declaró Guerra Urbiola.
El magistrado destacó que esta iniciativa busca garantizar que los padres cumplan con sus responsabilidades legales hacia sus hijos e hijas. También reconoció que, debido a la sensibilidad del tema, se requiere una implementación cuidadosa y estructurada que atienda las necesidades locales sin desatender los marcos normativos nacionales.
El registro es una herramienta clave para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que permitirá transparentar la información sobre deudores morosos y facilitará el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Guerra Urbiola subrayó que este es un tema prioritario en la agenda judicial, ya que impacta directamente en la calidad de vida de la infancia queretana.
El Consejo de la Judicatura ha intensificado sus esfuerzos en los últimos meses para acelerar la implementación del registro, trabajando tanto en la creación de los lineamientos como en la coordinación con otras entidades. Se espera que los avances en este tema se consoliden a finales del año y principios de 2025.
Por ahora, las autoridades judiciales reiteran su compromiso de velar por los derechos de las niñas y niños, al tiempo que exhortan a los padres y madres a cumplir con sus responsabilidades legales para evitar conflictos legales y garantizar el bienestar de sus hijos.