La reciente difusión de un video que muestra la humillante agresión de cuatro estudiantes a su compañero de secundaria en San Luis Potosí en el municipio Rioverde ha generado una ola de indignación y alarma. En las imágenes se observa al joven, de segundo de secundaria, con las manos y los pies atados con cinta adhesiva mientras es amenazado y golpeado. El ataque, aún más perturbador por la presencia de un frasco que presuntamente contenía orina, resalta la extrema violencia que, lamentablemente, se ha vuelto más visible en nuestras escuelas.
Este tipo de situaciones no solo deben preocuparnos como sociedad, sino también exigirnos como comunidad educativa tomar acciones contundentes. En este caso, las autoridades del estado de San Luis Potosí han actuado con rapidez. El general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, indicó que el hecho fue discutido en la mesa de seguridad estatal, destacando que no quedará impune. Entre las primeras medidas, se ha decidido suspender a la profesora encargada del grupo, reubicar a los agresores en otro centro educativo, y brindar atención psicológica a la víctima, quien seguirá en la misma institución. La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y la Fiscalía General del Estado ya han iniciado las investigaciones pertinentes.
Sin embargo, a pesar de las acciones tomadas, la cuestión sigue siendo más profunda. Si bien los agresores no pueden ser expulsados por su edad, lo cierto es que las autoridades deberán intervenir con decisiones que aseguren la rehabilitación y concientización de los involucrados, además de involucrar a sus padres en el proceso. La medida de llamar a los agresores y sus familias a declarar es necesaria, pero debemos cuestionarnos si estas respuestas, aunque correctas, son suficientes para erradicar una problemática tan grave como el bullying escolar.
Es necesario que el gobierno y las autoridades educativas, en conjunto con la sociedad civil, implementen programas más enfocados en la prevención y erradicación de la violencia escolar. La Secretaría de Educación del Estado (SEGE) ha sido instruida para tomar cartas en el asunto, y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha convocado a una mesa de seguridad en Rioverde, donde se impartirá un taller de prevención del delito. Estas iniciativas son un buen comienzo, pero debemos preguntarnos si están alineadas con una estrategia integral que fomente una cultura de respeto y seguridad en todos los niveles educativos.
La violencia escolar, como la observada en este caso, no es un fenómeno aislado. La creciente normalización de conductas agresivas entre jóvenes debe ser un llamado de atención para todos. No podemos seguir minimizando el bullying y otros tipos de violencia como “cosas de niños”. Los jóvenes de hoy merecen un entorno educativo donde prevalezca el respeto mutuo y la seguridad.
Este incidente debe ser el punto de partida para un análisis serio sobre el rol que juegan las autoridades, las familias y las instituciones en la formación de ciudadanos con valores. La solución no está en castigar de manera aislada, sino en fomentar un cambio cultural que erradique la violencia desde sus raíces. En este sentido, el caso debe ser una oportunidad para reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos construir y qué estamos dispuestos a hacer para proteger a nuestras futuras generaciones.