El sitio operaba sin autorización de impacto ambiental y dentro de la Sierra Gorda
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso la clausura total temporal del relleno sanitario del municipio de Arroyo Seco, tras detectar que operaba sin autorización vigente en materia de impacto ambiental y en incumplimiento de la legislación ambiental.
Durante una inspección realizada los días 7 y 8 de abril, la dependencia federal constató que el sitio, ubicado en el predio Mesas de Agua Fría, se encontraba en funcionamiento, realizando actividades de recepción, clasificación, depósito y compactación de residuos sólidos urbanos.
De acuerdo con el reporte, el relleno sanitario recibía aproximadamente siete toneladas diarias de residuos recolectados por los servicios municipales.
Sin embargo, el Ayuntamiento no acreditó contar con la autorización en materia de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, requisito indispensable para este tipo de instalaciones, especialmente al ubicarse dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda.
Además, se detectaron diversas irregularidades en el cumplimiento de la norma NOM-083-SEMARNAT-2003, ya que no se presentaron documentos técnicos del sitio ni evidencia del monitoreo de lixiviados, biogás y acuíferos, lo que impide garantizar que su operación no genere daños al medio ambiente.
Cabe señalar que este relleno sanitario ya había sido clausurado en 2022 por las mismas irregularidades. Posteriormente, en 2024, se emitió una resolución administrativa que ratificó la clausura, impuso una sanción económica y ordenó medidas correctivas que no fueron cumplidas.
Ante la persistencia de las anomalías y el riesgo de afectaciones ambientales, la Profepa colocó nuevamente los sellos de clausura para detener la operación del sitio.
La dependencia informó que continuará con el seguimiento del procedimiento administrativo y realizará las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental y la protección de los recursos naturales.
Advirtió que la operación de sitios de disposición de residuos sin autorización y sin controles adecuados puede provocar contaminación del suelo y del agua, emisión de gases nocivos y riesgos a la salud de la población, especialmente en zonas de alto valor ecológico.