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SuscríbeteVíctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general del Estado, señaló que la autoridad judicial no encontró todos los elementos para considerar el asesinato de Valentina como feminicidio.
El caso de Valentina “N”, joven asesinada en Querétaro, fue clasificado como homicidio doloso y no como feminicidio, debido a que a juicio de la autoridad judicial no se cumplieron todas las características establecidas en el tipo penal, informó este lunes el fiscal general del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández.
Durante una declaración ante medios, el fiscal explicó que la determinación sobre la clasificación del delito y la imposición de la pena corresponden exclusivamente a la autoridad judicial, quien tiene la facultad de valorar los elementos de prueba presentados durante el proceso.
“Atendiendo el principio de legalidad, las características del delito deben corresponder exactamente con lo previsto en el tipo penal. En este caso, la autoridad judicial consideró que no se cumplieron la totalidad de las hipótesis para clasificar el hecho como feminicidio y, por lo tanto, se determinó como homicidio doloso”, precisó.
Hernández reiteró que la decisión final, tanto en la clasificación del delito como en la individualización de la pena, estuvo a cargo del Poder Judicial. “Es el juez quien valora todos los elementos de prueba, los hechos, las circunstancias y quien determina la pena que corresponde. Esa decisión ya fue emitida la semana pasada”, agregó.
El caso de Valentina ha generado una profunda conmoción en la sociedad queretana, con colectivos feministas y ciudadanía exigiendo justicia y la aplicación del tipo penal de feminicidio. No obstante, el fiscal subrayó que las instituciones están obligadas a actuar conforme a derecho y basarse estrictamente en los elementos jurídicos y procesales disponibles.
Aunque no se precisaron públicamente los años de condena, la Fiscalía General del Estado afirmó que el proceso concluyó con una sentencia y que la sanción fue impuesta tras valorar minuciosamente todas las pruebas.
El caso continúa generando debate sobre la aplicación del tipo penal de feminicidio y las condiciones necesarias para su acreditación ante los tribunales, así como sobre la necesidad de seguir fortaleciendo el acceso a la justicia con perspectiva de género.