La Fiscalía y la Secretaría de las Mujeres trabajarán en conjunto para proteger los derechos de la menor y evitar su revictimización
Querétaro, Qro. – Tras una reunión entre Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general del estado de Querétaro, y Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres del gobierno federal, se acordó iniciar los trabajos para buscar una salida alterna al caso de Esmeralda, una adolescente indígena procesada por homicidio luego de sufrir un aborto espontáneo en el municipio de Huimilpan.
La colaboración entre ambas instituciones responde a la preocupación por proteger los derechos de la menor, quien fue violentada sexualmente y enfrenta acusaciones tras la pérdida de su embarazo. El fiscal señaló que el compromiso incluye una revisión constante del caso para evitar que Esmeralda, de 14 años, sea revictimizada.
En un comunicado en redes sociales, Citlalli Hernández destacó que el objetivo principal es garantizar la integridad de la menor y su acceso a una justicia adecuada, en coordinación con el gobernador Mauricio Kuri, quien manifestó su apoyo en la resolución de este caso y resaltó la necesidad de escuchar a las víctimas, entendiendo su contexto social. Hernández señaló que su instrucción, emitida por la presidenta Claudia Sheinbaum, es brindar seguimiento al caso y reiterar que todas las mujeres de México, especialmente las víctimas de violencia sexual, cuentan con respaldo. La intención es asegurar que se aplique una perspectiva de género y un enfoque en el interés superior de la niñez.
Este cambio de postura del gobierno estatal marca un giro en el manejo del caso, luego de que Kuri, inicialmente, afirmara que no existían pruebas de violación y que el proceso judicial se centraba en un posible homicidio. Sin embargo, esta semana Kuri expresó en redes sociales que el caso de Esmeralda evidencia un drama social que requiere mayores esfuerzos para apoyar a las familias y menores en situaciones de vulnerabilidad. También anunció el impulso de programas de prevención de violencia y formación en valores para fortalecer la paz y la seguridad de las familias queretanas.
Activistas y defensores de derechos humanos, como el colectivo Adax Digitales y la agrupación Rebeldes con Causa, han señalado presuntas omisiones de la Fiscalía en la investigación de la violación, indicando que la menor no contó con un respaldo institucional adecuado durante el proceso. El colectivo ha exigido además que el Congreso de Querétaro inicie un juicio político contra el fiscal, argumentando que, en lugar de ofrecer protección y justicia a la menor, el proceso judicial la criminaliza. A esto se suma el apoyo de la ONU-DH, que ha solicitado a las autoridades que se priorice la protección y reparación de derechos para mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual, evitando que sean criminalizadas o revictimizadas.
En respuesta, la Fiscalía reiteró su disposición a colaborar con la Secretaría de las Mujeres y con el gobierno estatal para resolver el caso de manera justa, asegurando que se realicen todas las evaluaciones necesarias que garanticen el respeto de los derechos de Esmeralda. La posible condena de tres años en un centro de reclusión para adolescentes y una multa de 500 mil pesos a pagar al violador, padre del feto, han generado un debate sobre la perspectiva de género en la justicia y los derechos de las adolescentes, situación que el fiscal dijo estar abordando con especial atención.