La Policía Estatal ha brindado más de 3 mil atenciones y casi 10 mil asesorías preventivas para combatir fraudes y extorsiones digitales
En lo que va del año, autoridades de seguridad en Querétaro han logrado la inhabilitación de 227 páginas y sitios fraudulentos, utilizados principalmente para cometer delitos patrimoniales y extorsiones digitales, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Iovan Elías Pérez Hernández.
El funcionario explicó que este resultado forma parte de las acciones de patrullaje cibernético y monitoreo en plataformas digitales implementadas por la Policía Estatal, lo que ha permitido detectar nuevas modalidades delictivas que operan a través de internet y redes sociales.
“Se han logrado desactivar más de 200 páginas y sitios fraudulentos… que están impactando de manera negativa el patrimonio e incluso la estabilidad emocional de los ciudadanos”, señaló.
De acuerdo con la dependencia, estas labores han derivado también en más de 3 mil atenciones ciudadanas a través del área de Policía Cibernética, así como cerca de 9 mil 700 asesoramientos preventivos, además de la realización de 146 pláticas informativas dirigidas a estudiantes, padres de familia e instituciones educativas.
Pérez Hernández destacó que la División de Inteligencia cuenta con un área especializada de certificación que mantiene coordinación con instituciones nacionales e internacionales, lo que permite agilizar la baja de páginas que representan un riesgo para la ciudadanía.
Asimismo, señaló que el combate a los delitos digitales ha derivado en acciones operativas adicionales como la detención de personas con órdenes de aprehensión vigentes, aseguramiento de armas, cartuchos y drogas, así como la recuperación de vehículos.
Finalmente, el secretario de Seguridad Ciudadana subrayó que se ha fortalecido la colaboración con las policías municipales de los 18 municipios del estado mediante capacitaciones en inteligencia operativa, análisis territorial y ciberinteligencia, con el objetivo de homologar estrategias de prevención del delito y mejorar la respuesta institucional ante riesgos digitales y presenciales.