La propuesta busca fortalecer el marco legal para atender casos graves de violencia juvenil, sin dejar de lado la evaluación individual y la protección de derechos
El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, acudió al Senado de la República para presentar y socializar la iniciativa “Querétaro por la Seguridad y la Justicia Especializada frente a Delitos de Alto Impacto cometidos por Adolescentes”, una propuesta que previamente impulsó ante el Congreso local con el objetivo de fortalecer las herramientas jurídicas para atender casos excepcionales de violencia grave cometida por menores de edad.
Durante su visita a la Cámara Alta, el alcalde sostuvo un encuentro con el senador Ricardo Anaya, a quien entregó el documento para su conocimiento y análisis legislativo.
Chepe Guerrero explicó que la iniciativa plantea la posibilidad de aplicar medidas más severas para adolescentes involucrados en delitos de alto impacto, al considerar que el país enfrenta una problemática creciente relacionada con la violencia juvenil, el reclutamiento por parte de grupos criminales y la participación de menores en conductas delictivas cada vez más graves.
“Entregué la propuesta de iniciativa de Ley que presenté en el Congreso Local para juzgar con medidas más severas a los menores que cometen delitos graves. Coincidimos en la necesidad de buscar mecanismos que permitan detener la violencia que enfrenta nuestro país, cuidar a nuestros jóvenes, proteger a las familias y garantizar que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes crezcan seguros y con oportunidades para construir un mejor futuro”, expresó el edil.
La propuesta contempla mecanismos para actuar con mayor firmeza en casos de homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro y delincuencia organizada, aunque establece que cada situación deberá analizarse de manera individual, bajo criterios de proporcionalidad, supervisión judicial y atención especializada.
Además, el proyecto considera factores como el entorno familiar, antecedentes personales, desarrollo psicosocial, experiencias de violencia, acoso escolar y riesgos de reincidencia, con el propósito de que las resoluciones se ajusten a las circunstancias particulares de cada adolescente.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la diferenciación entre jóvenes que hayan sido víctimas de reclutamiento o coacción por parte de organizaciones criminales y aquellos que participaron de manera voluntaria en la comisión de delitos, con la intención de garantizar un tratamiento legal más justo y acorde con cada caso.
El alcalde sostuvo que la propuesta responde a una realidad que exige respuestas institucionales más eficaces, buscando equilibrar la protección de los derechos de los adolescentes con la necesidad de brindar mayor seguridad a la población y fortalecer la justicia frente a delitos de alto impacto.
