El fiscal general aseguró que todas las corporaciones de seguridad del estado participan en el mecanismo de resguardo activado tras la presentación de la denuncia
El fiscal general del estado de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó que la activista trans que denunció amenazas en su contra ya cuenta con medidas de protección, las cuales fueron otorgadas desde el momento en que presentó formalmente su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
El titular del organismo explicó que dichas medidas forman parte de un mecanismo institucional en el que participan de manera coordinada todas las corporaciones de seguridad del estado, con el objetivo de garantizar la integridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo.
“Las medidas de protección se le otorgaron en ese momento. Es un mecanismo donde colaboran todas las instituciones de seguridad que son activadas una vez que se encuentran expedidas, siempre y cuando se formule la denuncia y se integre la carpeta de investigación”, señaló.
Hernández explicó que las personas beneficiarias de estas medidas pueden comunicarse con las autoridades para informar cualquier situación de riesgo, lo que permite la intervención inmediata de las corporaciones de seguridad para brindar el apoyo necesario.
La declaración surge luego de que la activista denunciara públicamente amenazas de muerte y manifestara que no contaba con protección efectiva por parte de las autoridades.
Ante ello, el fiscal reiteró que la institución mantiene el compromiso de atender cualquier caso de agresión o amenaza, independientemente de la identidad o preferencias de las víctimas.
“Reiteramos el compromiso de atender a cualquier persona que reciba alguna agresión de esta naturaleza, porque estamos comprometidos a proteger, salvaguardar su integridad e investigar los hechos”, afirmó.
Asimismo, destacó que la labor de la Fiscalía consiste en integrar las carpetas de investigación, esclarecer los hechos denunciados y, en su caso, judicializar los expedientes para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de amenazas o agresiones.
La activista presentó la denuncia por presuntas amenazas recibidas en el contexto de las movilizaciones y actividades relacionadas con el Mes del Orgullo LGBT+, situación que derivó en la apertura de una carpeta de investigación y la activación de los protocolos de protección correspondientes.