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SuscríbeteUna de las víctimas murió por traumatismo craneoencefálico; los responsables operaban desde un centro de rehabilitación
La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo sentencia condenatoria contra siete hombres por los delitos de homicidio doloso y lesiones dolosas, luego de una agresión registrada en diciembre de 2024 en el fraccionamiento Eduardo Loarca, en la capital queretana.
Los sentenciados fueron identificados como Juan Manuel “N”, César “N”, Carlos Uriel “N”, Pablo “N”, Gustavo Ángel “N”, Juan Carlos “N” y Luis Antonio “N”, quienes residían en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Reforma Agraria.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 27 de diciembre de 2024, cuando tres personas se encontraban en un área de estacionamiento del fraccionamiento Eduardo Loarca y fueron atacadas por los ahora condenados, además del encargado del anexo.
La Fiscalía detalló que las víctimas fueron golpeadas con palos, tubos y patadas, provocándoles lesiones de gravedad. Como consecuencia de la agresión, una de las personas falleció dos días después debido a una hemorragia secundaria a traumatismo craneoencefálico, mientras que las otras dos sufrieron diversas lesiones.
Tras el ataque, los responsables huyeron en dos vehículos y regresaron al centro de rehabilitación donde permanecían.
Durante las investigaciones, la autoridad ministerial recabó testimonios de las víctimas sobrevivientes, realizó análisis de videograbaciones del sistema estatal y municipal de vigilancia, además de ejecutar cuatro cateos en distintos anexos, donde fue localizado el vehículo utilizado durante la agresión.
Con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía logró identificar plenamente a los responsables, obtener órdenes de aprehensión y mantenerlos en prisión preventiva durante el proceso judicial.
En audiencia, mediante procedimiento abreviado y luego de que los imputados se declararan culpables, un juez dictó sentencia de siete años de prisión para cada uno, además de imponer multas, suspensión de derechos civiles y políticos, así como el pago de la reparación del daño a víctimas directas e indirectas.
La Fiscalía General del Estado reiteró que continuará con las investigaciones y acciones necesarias para garantizar justicia en delitos que atenten contra la vida y la integridad de las personas.