La FGR investiga una red que operaba desde 2020 mediante supuestas agencias de viajes en la Central del Norte
La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de cuatro personas por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de personas, entre ellas un hombre detenido en Santiago de Querétaro identificado como Israel “N”.
De acuerdo con la investigación federal, la red criminal presuntamente operaba desde el año 2020 a través de supuestas agencias de viajes ubicadas cerca de la Central de Autobuses del Norte, en la Ciudad de México.
La carpeta de investigación inició en enero de 2025 tras una denuncia anónima que alertó sobre actividades relacionadas con tráfico de personas.
Como resultado de trabajos coordinados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, encabezados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se cumplimentaron órdenes de cateo y aprehensión en distintos estados del país.
Además de Israel “N” en Querétaro, fueron detenidos Javier “N” en Tizayuca, Brenda “N” en Nezahualcóyotl y Miguel “N” en Huixtla.
Las investigaciones señalan que los inmuebles cateados presuntamente funcionaban como casas de seguridad donde mantenían cautivas a víctimas de esta red delictiva. Durante los operativos fueron liberadas cinco personas.
En el caso de Querétaro, el cateo se realizó en un domicilio de la colonia Insurgentes, donde autoridades localizaron a Israel “N” junto a una persona privada de la libertad.
Posteriormente, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó los datos de prueba necesarios para que un juez determinara la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa para los imputados.
Para Israel “N”, Javier “N” y Brenda “N” se fijó un plazo de dos meses de investigación complementaria, mientras que para Miguel “N” el periodo será de tres meses.
Las autoridades federales recordaron que las personas señaladas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.