December 14, 2017

La publicación de La Ley General De Transparencia Y Acceso A La Información Pública, (LGTAIP), ha propiciado “opacidad” del poder judicial e incluso ha representado un retroceso pues hoy en día solo 4 estados, Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Tlaxcala, contemplan en sus legislaciones sociales de transparencia, “la obligación” a los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias.

De acuerdo al informe transparencia en la publicación de sentencias, ¿retroceso a partir de la ley general de transparencia y acceso a la información pública?, elaborado por equis justicia para las mujeres.

El documento alerta sobre la ambigüedad del concepto de “interés público” y señala que tendrían que abrirse las sentencias que ya no pueden ser impugnada o modificadas.

Diariamente, defensores humanitarios y organizaciones sociales constatan en sus experiencias de litigio “la existencia de resoluciones judiciales injustas basadas en estereotipos, prejuicios y sesgos de las y los jueces”.

Esto solo podrá revertirse si el ciudadano puede “evaluar la actividad judicial y saber cómo se imparte justicia”.

“Es necesario conocer el contenido de las sentencias y que ninguna información permanezca oculta”, apuntó equis justicia para las mujeres que criticó a la sociedad pues solo el 1% de las solicitudes de acceso a la información están relacionadas a sentencias.

Según el censo nacional de impartición de justicia local en 2015, en los poderes judiciales del país locales trabajaban más de 62 mil personas, y se ejecutó un gasto público de más de 29 mil 379 mil millones de pesos y se emitieron más de 539 mil sentencias. Para institucionalizar la perspectiva de género en los tribunales del país se instauraron 27 unidades de género pese a este número de sentencias se han detectado casos de misoginia judicial, aseguraron.

Radar News

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