December 18, 2017

Por dilación injustificada en la regularización de varios inmuebles, errores reiterados durante la escrituración y la inobservancia de la debida diligencia en trámites realizados por diversas personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 42/2017 al director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Jesús Sergio Alcántara Núñez.

Después de analizar los casos de 21 personas en los cuales se observó que existía conexidad en los hechos denunciados y una misma autoridad responsable, la CNDH acordó su acumulación en un solo expediente y, tras las investigaciones pertinentes, acreditó violaciones al derecho a la reparación integral y a la propiedad en relación con los principios de legalidad y seguridad jurídica.

De acuerdo con lo señalado en algunas quejas, se solicitó a la entonces comisión para la regularización de la tenencia de la tierra (CORETT), hoy instituto nacional del suelo sustentable, efectuar trámites relativos a escrituración, re lotificación y subdivisión de propiedades, así como la regularización de varios inmuebles por errores atribuibles a servidores públicos de esa institución, por lo que fueron sometidos a un procedimiento de conciliación.

A pesar de que en un principio dicha autoridad aceptó las medidas de conciliación propuestas para reparar las violaciones a derechos humanos cometidas, entre ellas regularizar los inmuebles y continuar con los trámites relativos a la inscripción de la escritura pública en el registro de la propiedad, éstas fueron incumplidas.

En su momento, también se solicitó a la referida autoridad diseñar e impartir cursos de capacitación en derechos humanos y en materia de legalidad y seguridad jurídica, sin que hasta el momento se haya recibido información que acredite su cumplimiento. La petición de colaborar con la comisión nacional en el trámite de las denuncias administrativas correspondientes tampoco fue atendida de forma satisfactoria.

Aunado a lo anterior, en un caso se acreditó que han transcurrido más de 20 años desde que se iniciaron los trámites de regularización de un inmueble, por omisiones atribuibles a la entonces Corett, mismos que por su gravedad han tenido consecuencias legales que hasta la fecha perduran y que debieron resolverse con la debida diligencia, dado que la víctima es persona mayor.

Además, se constató en diversos casos el incumplimiento de acuerdos pactados con los quejosos para la resolución de sus problemas, la contravención de sus obligaciones por supuestas razones presupuestales y la inobservancia de la debida diligencia administrativa frente a personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria o en desventaja como los adultos mayores, entre otras irregularidades.

Ante ello, la CNDH considera que las autoridades tienen la obligación de garantizar los principios de seguridad jurídica y legalidad en sus actuaciones, y subraya que el derecho a la propiedad se encuentra estrechamente ligado al pleno desarrollo del proyecto de vida integral de las personas mediante la constitución de un patrimonio.

Por tal motivo, aun cuando la secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano (SEDATU) no tiene carácter de autoridad responsable para fines de la presente recomendación, derivado del análisis de sus funciones, la CNDH establece la necesidad de que coadyuve con el INSUS en el proceso de cumplimiento de los siguientes puntos recomendatorios:

Inscribir a las personas afectadas en el registro nacional de víctimas; regularizar y escriturar, en plazo breve, los inmuebles que motivaron las quejas presentadas ante este organismo nacional y cumplir con las medidas legales, administrativas, financieras o de cualquier otra índole para eliminar los obstáculos que impidan dicha labor.

Colaborar con la CNDH en la presentación de la queja administrativa que se presente ante la secretaría de la función pública por las irregularidades descritas; incorporar copia de la presente recomendación en los expedientes de los servidores públicos involucrados, así como diseñar e impartir cursos de capacitación sobre derechos humanos y la debida diligencia administrativa, entre otros.

Establecer un calendario de seguimiento de la regularización de los inmuebles y darlo a conocer a los interesados, así como elaborar un estudio sobre la problemática estructural del INSUS que también contenga propuestas de solución.

Radar News

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